Una bonita cuestión de interés casacional

Una bonita cuestión de interés casacional

Dice una estadística que, de entre los asuntos resueltos por la Sección Primera de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el año 2025, el 81,33% fueron providencias de inadmisión de recursos de casación. Y es que no todo lo que se plantea ante el Tribunal Supremo merece ser admitido, porque ha de acreditarse que el asunto presenta eso que se llama “interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia”. Véase el Boletín del Ilustre Colegio de la abogacía de Madrid, «Diez años de casación en materia tributaria», de junio de 2026.

De entre las cuestiones tributarias que la Sección de admisiones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido que sí que presentaban ese interés casacional, quiero destacar una reciente: la que plantea el Auto de 16 de septiembre de 2026 en el recurso de casación 6871/2025, del que es ponente la Excma. Sra. D. ª Sandra María González de Lara Mingo.

Cierta persona había realizado una solicitud de rectificación de autoliquidación y la consiguiente devolución de ingresos indebidos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), que fue desestimada en vía administrativa pero estimada en la vía judicial por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada).

Todo viene de que esta persona había llevado a cabo un contrato de compraventa en 2008 y había pagado el impuesto correspondiente; y en 2018 había solicitado la devolución porque el contrato de compraventa se había resuelto. No tenía sentencia judicial como tal que ordenara o declarara la resolución del contrato, pero sí un auto judicial de homologación del acuerdo al que habían llegado las partes para resolver la compraventa.

Si jurídicamente, cuando un contrato es resuelto, puede entenderse que el negocio jurídico no ha existido nunca, que ha sido desterrado ab initio del mundo jurídico, lógico es entender que, en estos casos, el impuesto satisfecho no procede y debe devolverse. Es decir, que si bien en su día el impuesto se debía pagar, la transacción judicial que confirma que la causa del contrato ha desaparecido, evidenciaría que el ingreso habría devenido indebido.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón al contribuyente y consideró que debía accederse a la devolución del ingreso indebido.

Ante esta sentencia, la Junta de Andalucía no está conforme. Aduce que la ley del ITP y AJD sólo admite la devolución cuando la nulidad, rescisión o resolución tiene lugar por decisión o reconocimiento judicial o administrativo, pero no cuando el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes; y considerando que, aunque hay homologación judicial estamos en un caso de mutuo acuerdo, recurre en casación.

La Junta de Andalucía recurre en casación porque reputa conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la necesidad de determinar si la rescisión contractual efectuada de mutuo acuerdo y homologada judicialmente, en relación con un contrato de compraventa que dio lugar al devengo del ITP, ha de entenderse incluida en el concepto de mutuo acuerdo previsto en el art. 57.5 LITP y AJD a efectos de considerar excluida la devolución del impuesto.

Obsérvese que, en el caso de autos, las partes no deshicieron el contrato por mera voluntad, sino que acudieron a la vía judicial por considerar que la causa del contrato era nula. No hubo avenencia en el acto de conciliación ni tampoco allanamiento, sino que fue tras la interposición de demanda y contestación cuando se llegó a un acuerdo por las partes; y ese acuerdo fue homologado judicialmente mediante Auto.

Ciertamente dicha situación no está expresamente comprendida entre los supuestos establecidos en el artículo 57.5, pero difícilmente puede encajarse este escenario en una resolución de mutuo acuerdo como la que, a mi entender, prevé la ley para negar la devolución. Como dice con acierto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,

“no todo mutuo acuerdo excluye la devolución del ingreso efectuado ni genera de forma automática un nuevo hecho imponible por la reversión de la propiedad al vendedor, ya que sólo es predicable, conforme a lo expuesto, respecto de aquel que pone de manifiesto un acuerdo entre las partes contratantes para eludir un nuevo hecho imponible”.

Esto es algo que ya defendí en un trabajo que mereció el Premio 2021 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en su sección de Derecho Tributario, titulado “TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LA RETROTRANSMISIÓN DE BIENES”: que no todo mutuo acuerdo excluye la devolución del ingreso, sino que ha de tenerse en consideración si las partes han tenido ánimo defraudatorio cuando han acordado esa resolución. Para saber más sobre esta cuestión, puede accederse a mi entrada en este blog Tributación de la retrotransmisión.

Es sabido que una compraventa implica que un bien se transmite de una persona a otra, y que esto constituye el hecho imponible del impuesto. Y que, si tal transmisión es anulada, y se restituyen las cosas objeto del contrato y se vuelve todo a su estado originario, se produce una nueva transmisión, que en realidad supone dejar sin efecto la anterior.

Dice la Sentencia andaluza que

“lo que la norma del artículo 57 trata de evitar es un supuesto de sujeción al impuesto de una situación que no es expresiva de capacidad económica, porque si finalmente no hay transmisión, no hay hecho imponible”.

Y también dice que

“La autonomía del Derecho tributario no puede llegar hasta el límite de la desconexión total del contrato privado que sujeta a tributación, y si el contrato, en este caso concreto, ha sido resuelto por decisión judicial, lo procedente es que se devuelva lo abonado a la Hacienda pública, pues en caso contrario no se estaría cumpliendo con la finalidad de la norma de evitar la sujeción al impuesto en aquellos casos en que, por la resolución del contrato, no hubo verdadera transmisión. Máxime en este caso concreto en que no se aprecia que la transacción judicial operada pudiera obedecer a un ánimo defraudatorio por voluntad de las partes”.

La Junta de Andalucía ha preparado recurso de casación y la cuestión planteada tiene interés casacional porque:

“en la sentencia recurrida se han aplicado normas que sustentan la razón de decidir sobre las que no existe jurisprudencia del Tribunal Supremo [artículo 88.3.a) LJCA], y porque esta cuestión jurídica está siendo resuelta de forma contradictoria por distintos Tribunales Superiores de Justicia [artículo 88.2.a) LJCA], y además, la cuestión planteada afecta a un gran número de situaciones [artículo 88.2.c) LJCA], lo que hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo que las esclarezca, en beneficio de la seguridad jurídica y de la consecución de la igualdad en la aplicación judicial del Derecho (artículos 9.3 y 14 CE)”.

Yo verdaderamente creo que es un caso paradigmático de procedencia de admisión de un recurso de casación porque concurren tanto las causas del artículo 88.3.a) como las del artículo 88.2.a y 2.c) de la Ley 29/1998. La cuestión queda muy bien planteada por la magistrada ponente con el siguiente tenor literal:

“Determinar si la homologación judicial de una transacción procesal alcanzada por las partes una vez iniciado el proceso debe considerarse comprendida en el supuesto de mutuo acuerdo previsto en el artículo 57.5 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; o si, por el contrario, resulta aplicable el régimen establecido en el artículo 57.1 del mismo texto legal”.

Reconozco que no siempre entiendo por qué algunos de los casos que yo, como abogada en defensa de mis clientes, planteo en escritos de preparación de recurso de casación, no son admitidos a trámite; pero no por eso no puedo dejar de reconocer con alegría que casos como éste sí que sean admitidos.

Asuntos como el que sintéticamente he expuesto por no aburrir al lector, merecen absolutamente ser admitidos en casación, porque son cuestiones las que se plantean que, a quienes nos gusta el Derecho tributario y su conexión con el Derecho civil, y a quienes nos encanta indagar en la razón de las normas jurídicas y entender su sentido profundo y finalidad, no nos dejan indiferentes. Estoy segura de que muchos estaremos muy atentos a la sentencia que dicte la sección de enjuiciamiento. El recurso de casación cumplirá su función nomofiláctica. El caso es muy bonito.

Antes de despedirme, recuerdo que mis aportaciones a este blog no constituyen asesoramiento legal ni tributario; que soy abogada especializada en procedimientos y recursos tributarios, pero que este blog tiene carácter puramente divulgativo y se debe únicamente a mi amor por la Justicia.

Por eso ruego a quien desee conocer mi parecer sobre algún procedimiento o recurso tributario, que me haga la consulta propiamente, por escrito, y que realice un encargo profesional a tal efecto; para lo que puede encontrarme en la dirección de correo electrónico info@nuriapuebla.com.

Una bonita cuestión de interés casacional

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3 comentarios en “Una bonita cuestión de interés casacional”

  1. Qué bonito comentario. Ciertamente, para dilucidar estas cuestiones está el recurso de casación. Gracias por una exposición tan amena.

  2. Esta “bonita” historia-cuestión casacional nació en el año 2008.
    Éste que les escribe (nacido en 1992) ni siquiera había empezado la carrera de Derecho -inicié en el año 2010- pero el destino ha querido que fuese yo quien las defendiese ante el TSJ de Andalucía -quien nos dio la razón- y ahora ante el Alto Tribunal.
    He dicho que ha sido el destino quien lo ha querido, pero realmente han sido los largos tiempos de Palacio.
    Sigo con la historia.
    En el año 2008, mis representadas compraron -mediante compraventa- a su madre dos fincas sitas en el municipio de Baza, quedando el precio íntegramente aplazado debiendo ser satisfecho mediante diversas cuotas anuales que comenzarían a hacerse efectivas a partir de octubre de 2009.
    Como consecuencia de aquella compraventa, mis mandantes satisficieron en concepto de TPO, la nada desdeñable de casi 335.000,00 €, oportunamente autoliquidados y pagados.
    La razón de que el precio en su integridad quedase aplazado residió en el hecho de que, con carácter previo a la formalización de la citada escritura, por parte de mis representadas, se había convenido verbalmente con una empresa promotora, la cual estaba construyendo ya en los solares que rodeaban a las propiedades antedichas, un contrato de permuta, según el cual, las compradoras-permutantes cedían los solares adquiridos a la citada mercantil a cambio de la entrega de determinados pisos y plazas de garaje que, a su vez, pensaban poner en venta para obtener liquidez a los efectos de pagar a la vendedora el precio de la compraventa suscrita.
    Es decir, la causa que movió el contrato de compraventa y que se estableció como requisito indispensable para la validez del mismo, fue la convención verbal de un contrato de permuta con la empresa promotora, y siempre con la condición de que se edificase en ellos, así como se satisficiese en su momento el precio de mercado de las fincas.
    Pues bien, poco después de haberse suscrito la operación de compraventa entre las partes fue cuando comenzaron los problemas que asolaron el mercado inmobiliario a raíz de la crisis económica mundial acaecida en el año 2008, lo que ocasionó que la promotora, con la que se había apalabrado la permuta de los solares, no llegase a formalizar la misma mediante su instrumentación en escritura pública y, en su lugar, comenzase a “dar largas” a mis representadas, a las que no les quedó otro remedio que buscar otros inversores.
    Finalmente, ya en el año 2012, habida cuenta de que mis representadas no encontraban empresa alguna que promocionase los solares, lo cual hizo imposible que finalmente se construyese en ellos, se constató la desaparición de la causa del contrato.
    Perdida la causa del referido contrato de compraventa, la madre-vendedora interpuso demanda de juicio ordinario frente a sus hijas-compradoras, que dimanó en la apertura de los Autos de Juicio Ordinario nº125/2012 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Roquetas de Mar, a fin de que por el Juzgado competente se declarase:
    1º) La resolución del contrato de compraventa.
    2º) Que ambas partes debían reintegrarse en las prestaciones de las cosas entregadas por razón de dicho contrato.
    Ante la oposición formulada por las demandadas, se celebró la oportuna Audiencia Previa, en cuyo seno, y ante la intimación judicial a estos efectos, fue alcanzado por las partes un acuerdo para la resolución de la litis en cuestión, y en concreto se acordó lo que sigue:
    “Que las partes, a la vista de la desaparición de la causa del contrato cuya resolución constituía el objeto del presente procedimiento, prestan su consentimiento a que el mismo quede resuelto de pleno derecho”
    Dicho acuerdo fue homologado judicialmente.
    Sobre la base de dicha resolución judicial, mis mandates instaron en el año 2018 un procedimiento de solicitud de devolución de ingresos indebidos.
    Así, la resolución del contrato suponía una importancia decisiva en el pago del ITPAJD, toda vez el deber de tributación tenía su origen en un negocio jurídico que había sido declarado inexistente y por tanto desterrado, ya desde su origen, del mundo jurídico.
    Dicha solicitud fue inadmitida -que no desestimada- por parte de la Administración tributaria andaluza.
    En este sentido, la Oficina Liquidadora de Baza tomó como base de su razonamiento el hecho de que “la mera homologación de la transacción judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Roquetas de Mar, se limita a acreditar la existencia de un acuerdo privado por el que las partes deciden, de mutuo acuerdo resolver el contrato de compraventa, siendo de aplicación el artículo 57.5. “si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimarán la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.”
    Frente a dicho acto administrativo esta parte se alzó, primero, en reposición y, luego, en reclamación económico-administrativa, ambas sin suerte.
    En este punto, llegamos ante el TSJ de Andalucía, que es donde yo tomo el asunto, hasta entonces llevado por mi inestimable Maestro, Padrino -y también Jefe-, Jose Ramón Parra Bautista.
    -Nótese que desde que empezó este asunto en 2008 me había dado tiempo a hacer bachillerato, estudiar la carrera de Derecho, hacer un máster de abogacía, hacer el examen de acceso, estudiar el máster de tributación y llevar varios años de ejercicio-.
    Las cuestiones jurídicas que planteé en aquel recurso contencioso fueron las siguientes:
     Si el Auto judicial de homologación de acuerdo transaccional tiene la consideración de resolución judicial que reconozca que ha tenido lugar la resolución contractual a efectos de lo previsto en el artículo 57.1 de la LITPyAJD, permitiendo sustentar en él la solicitud de devolución de ingresos indebidos.
     Si el Auto judicial de homologación de acuerdo transaccional por el que se reconoce la resolución de un contrato por la concurrencia de la causa legal de resolución consistente en la desaparición de su causa supone que el contrato se haya resuelto de «mutuo acuerdo», a efectos de lo dispuesto en el artículo 57.5 LITPyAJD.
     Si el Auto judicial de homologación de acuerdo transaccional equivale a la mera avenencia en acto de conciliación o al simple allanamiento previo a la contestación a la demanda y, por ende, si se encuentra incluido en los supuestos de exclusión de la devolución previstos en el artículo 57.5 LITPyAJD.
    Respecto de las indicadas cuestiones jurídicas planteadas, las posturas de las partes fueron las siguientes:
    (i) Postura de la Administración tributaria confirmada por el TEAR.
    • A juicio de la Administración tributaria, el Auto judicial de homologación de acuerdo transaccional no puede ser considerado como resolución judicial que reconozca que ha tenido lugar la resolución del contrato a los efectos devolutivos del artículo 57.1 LITPyAJD.
    • Según la postura de la Administración, la resolución contractual llevada a cabo debe calificarse de resolución de «mutuo acuerdo», circunstancia que excluye la devolución de conformidad con el artículo 57.5 LITPyAJD.
    • Que el Auto judicial de homologación ha de equipararse, a estos efectos, a la avenencia en acto de conciliación y al simple allanamiento a la demanda, circunstancias que también impiden la devolución del impuesto indebidamente satisfecho.
    (ii) Postura de esta representación procesal.
    • A juicio de esta representación, el Auto judicial que homologa y aprueba una transacción por la que se resuelve un contrato sí tiene la consideración de resolución judicial que permita sustentar la devolución del impuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 LITPyAJD.
    • El artículo 57.1 LITPyAJD establece que dicha solicitud de devolución se puede sustentar en una «resolución judicial», no se exige, por tanto, la forma de sentencia, ni se excluyen los autos.
    Si el legislador hubiese querido excluir expresamente a los autos judiciales, así lo hubiese hecho constar expresamente, en lugar de hacer constar que la devolución se puede instar al amparo de una «resolución judicial» en un sentido amplio y general.
    En este sentido, el artículo 206.1 LEC dice que “Son resoluciones judiciales las providencias, autos y sentencias dictadas por los jueces y tribunales”
    • Según el artículo 57.1 de la Ley del Impuesto, esa resolución judicial puede «declarar» o «reconocer» que ha habido lugar la resolución del contrato. No exige el precepto, por tanto, que la resolución judicial contenga un pronunciamiento declarativo, sino que puede ser de mero “reconocimiento”, siendo palmario que el Auto en el que se fundamenta la solicitud de devolución de mis mandantes reconoce de forma expresa y fehaciente que ha tenido lugar dicha resolución contractual.
    • La resolución contractual efectuada no lo fue de «mutuo acuerdo», en la medida en que la resolución por «mutuo acuerdo» es aquella que no se funda en más razón que la propia voluntad de las partes, sin embargo, al concurrir una causa legal de resolución contractual, éste no puede considerarse resuelto por «mutuo acuerdo», sino por la existencia de dicha causa de resolución contractual.
    • La causa de resolución contractual acaecida en el presente caso es la desaparición de la causa del contrato, circunstancia que permite la resolución del contrato según jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo.
    • El Auto judicial de homologación no equivale a una avenencia en acto de conciliación, pues, mientras el primero ocurre intramuros de un proceso judicial que finaliza mediante una resolución judicial con la plena fuerza probatoria que otorgan los artículos 317 y 319 LEC, el segundo tiene un carácter extrajudicial.
    • Asimismo, el Auto judicial de homologación no equivale a un mero allanamiento a la demanda incluso sin contestar a esta. En el presente caso, en el seno del procedimiento judicial hubo contestación a la demanda y celebración de Audiencia Previa, llegándose a un acuerdo tras la previa intimación judicial en dicho acto.
    • Desde luego, si el legislador hubiese querido igualar, a estos efectos, el Auto de homologación judicial con la mera avenencia o allanamiento, así lo hubiese hecho constar de forma expresa en el citado precepto.
    De igual modo, si el legislador hubiese querido igualar la existencia de un Auto judicial de homologación a la existencia de una resolución de «mutuo acuerdo» también lo hubiese hecho constar de forma expresa en el precepto, lo cual no consta.
    La no equiparación expresa por parte del legislador, implica que no pueda considerar que el Auto judicial de homologación pueda equipararse a todo ello.
    Dicho esto, el TSJ estimó íntegramente la demanda, obligando a la Administración Tributaria de Andalucía a admitir a trámite la solicitud de devolución de ingresos indebidos previamente inadmitida.
    Los motivos de estimación vienen reflejados en el Auto que dicta el TS.
    La Administración tributaria de Andalucía, sabe que devolver más de 334.000,00 € más intereses de demora desde el año 2008 es una cantidad importante, así que ha acudido ante el TS.
    Imagino que el tema se resolverá antes de que me jubile yo, pero no sé si se resolverá antes de que se jubile el señor Parra Bautista.
    Espero que la sapiencia de Nuria nos ayude en el trámite de oposición a la casación que está por llegarnos.

    1. Recibo con gratitud este comentario, que es la demostración fehaciente de que el blog tiene repercusión y utilidad. Gracias, Alejandro, por compartir la intrahistoria del caso y tus alegatos fundamentales, con los que estoy completamente de acuerdo. Quizás haya algún jurista en la sala que quiera aportar algún argumento más y así, entre todos, como siempre concebí este blog, haremos derecho. Muchísimas gracias

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