Es verdad, Paco. Muchas gracias por tu comentario.

Aparte, los que nos movemos en materia tributaria, no entendemos por qué, cuando tiene lugar una retroacción de actuaciones por motivos formales, hay un plazo en el que, si bien no se produce la caducidad del expediente, y sí, la de no interrupción de la prescripción por el inicio del procedimiento, que, como mínimo es de seis meses, la Audiencia Nacional no extiende, en aplicación analógica, a este terreno, aquel artículo de la Ley General Tributaria, del que tanto hemos escrito nosotros, y los tribunales económico administrativos y contencioso administrativos (150,5 ley 58/2003- hoy, 150,7), cuando hay casos en que el propio Tribunal Supremo, en materia relativa a cálculo de multas impuestas por la CNMC, hace remisión a preceptos de la Ley General Tributaria. Y no puede haber duda alguna, según mi criterio, de que la materia relativa a “plazos de caducidad” es formal, y no sustantiva o de fondo. Y, por ello, entiendo que no puede existir un plazo superior al de seis meses para ejecutar la sentencia, contando, primero, el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la notificación del acto, y, segundo, desde la notificación a la CNMC de la sentencia del Tribunal Supremo, y no desde la firmeza, ya que entiendo que las sentencias del Tribunal Supremo son firmes desde que el día en que son “leídas y publicadas”.

Saludos.
Paco Serantes

Gracias, Jaime. El tema es interesante y el debate está abierto, porque las leyes no son perfectas. No creo que el legislador pensara que la Administración podría retrasarse tanto en ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo, que es lo que ocurre en el caso que defendemos en recurso de casación.
La Audiencia Nacional rechaza la caducidad que alegamos, y razona que, para dictar la nueva resolución sancionadora, la CNMC no está sometida a límite de plazo administrativo, sino que resulta de aplicación el art. 104 de la LJCA. Yo creo que debería haberse aplicado el artículo 36.1 de la Ley de defensa de la Competencia (LDC).
Basta pensar que hay casos, como el que defendemos en el Tribunal Supremo en recurso de casación, en que la CNMC tarda más de un año en simplemente ejecutar la Sentencia del Tribunal Supremo, cuando, según el art. 36.1 LDC, y si este precepto fuera aplicable, debería haber ejecutado la sentencia del Tribunal Supremo en los apenas ocho días que le restaban para concluir el primer procedimiento que en su día inició.
En nuestra opinión, entender, como lo entiende la Audiencia Nacional, que la CNMC no tiene plazo alguno para ejecutar sentencias en materia de sanciones podría entenderse, además, que vulnera los principios de seguridad jurídica y de buena Administración, que se infieren de los artículos 9.3 y 103.1 CE.
Como dices, hay mucho en juego. Es derecho sancionador.
Gracias, de nuevo, por tu comentario.