Comprobación de valores

La Agencia Tributaria o la Hacienda autonómica o local, mediante procedimientos tributarios de comprobación de valores, generalmente aumenta el valor declarado por los contribuyentes, de los bienes adquiridos por compraventa o herencia, para llegar al denominado “valor real” que constituye la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) o del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Ante liquidaciones de impuestos procedentes de este tipo de actuaciones de gestión, consistentes en comprobaciones de valores, resulta muy útil plantear recursos para impugnar tanto la liquidación como la comprobación del valor, porque se pueden lograr buenos resultados y anulaciones de liquidaciones, tanto por motivos de forma como por motivos de fondo, especialmente por falta de motivación de la comprobación de valores.

Adicionalmente, no debe desdeñarse la posibilidad que otorga la ley -para algunos casos y en determinadas fases de los procedimientos tributarios- de obtener la suspensión de la ejecución del acto impugnado sin necesidad de aval ni garantía alguna, con la reserva del derecho a la tasación pericial contradictoria, de manera que el contribuyente no se ve obligado a pagar en tanto en cuanto no acabe el procedimiento.

Estos son algunos de los casos en los que he conseguido anulaciones de liquidaciones por falta de motivación de las comprobaciones de valores realizadas por la Administración:

  • Resolución del TEAR de Extremadura, de 29 de noviembre de 2010, anula liquidación procedente del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
  • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de 20 de septiembre de 2017. La Sentencia anula la liquidación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales porque, como se decía en la demanda, en las valoraciones hechas por la Comunidad de Madrid “en modo alguno se han efectuado las comprobaciones necesarias para determinar la situación y parámetros reales del objeto de la valoración”, porque “no se realiza la comprobación consistente en la identificación física del inmueble, mediante su localización e inspección ocular por parte de un técnico competente, comprobando si su superficie y demás características coinciden con la descripción que conste en la documentación utilizada para realizar la tasación, así como de la existencia de servidumbres visibles y de su estado de construcción o conservación aparente” y porque, como también se había alegado en los recursos y procedimientos tributarios previos y en la propia demanda, “no se aportan los testigos empleados, desconociéndose tanto la realidad de las operaciones relacionadas, como el negocio jurídico transmisivo (inter vivos o mortis causa) lo que puede determinar diferentes valores reales”.

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Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

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