Comprobación de valores

La Agencia Tributaria o la Hacienda autonómica o local, mediante procedimientos tributarios de comprobación de valores, generalmente aumenta el valor declarado por los contribuyentes, de los bienes adquiridos por compraventa o herencia, para llegar al denominado “valor real” que constituye la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) o del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Ante liquidaciones de impuestos procedentes de este tipo de actuaciones de gestión, consistentes en comprobaciones de valores, resulta muy útil plantear recursos para impugnar, tanto la liquidación, como la comprobación del valor, porque se pueden lograr buenos resultados y anulaciones de liquidaciones, tanto por motivos de forma como por motivos de fondo, especialmente por falta de motivación de la comprobación de valores.

Adicionalmente, no debe desdeñarse la posibilidad que otorga la ley -para algunos casos y en determinadas fases de los procedimientos tributarios– de obtener la suspensión de la ejecución del acto impugnado sin necesidad de aval ni garantía alguna, con la reserva del derecho a la tasación pericial contradictoria. Con esta mera reserva, el contribuyente puede recurrir ante la propia Administración, sin necesidad de abogado, y sobre todo, sin necesidad de pagar de antemano el impuesto que Hacienda le exige.

Estos son algunos de los casos en los que he conseguido anulaciones de liquidaciones por falta de motivación de las comprobaciones de valores realizadas por la Administración:

  • Resolución del TEAR de Extremadura, de 29 de noviembre de 2010, anula liquidación procedente del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
  • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, de 20 de septiembre de 2017. La Sentencia anula la liquidación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales porque, como se decía en la demanda, en las valoraciones hechas por la Comunidad de Madrid “en modo alguno se han efectuado las comprobaciones necesarias para determinar la situación y parámetros reales del objeto de la valoración”, porque “no se realiza la comprobación consistente en la identificación física del inmueble, mediante su localización e inspección ocular por parte de un técnico competente, comprobando si su superficie y demás características coinciden con la descripción que conste en la documentación utilizada para realizar la tasación, así como de la existencia de servidumbres visibles y de su estado de construcción o conservación aparente” y porque, como también se había alegado en los recursos y procedimientos tributarios previos y en la propia demanda, “no se aportan los testigos empleados, desconociéndose tanto la realidad de las operaciones relacionadas, como el negocio jurídico transmisivo (inter vivos o mortis causa) lo que puede determinar diferentes valores reales”.
  • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección Cuarta, de 10 de noviembre de 2017. En ella, se estima la demanda con condena en costas a la Comunidad de Madrid y la Administración General del Estado,  demandadas, y se insiste en que, a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 2015, para comprobar el valor a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la visita al inmueble se hace preceptiva.

En ocasiones, la Comunidad Autónoma inicia una comprobación de valores a pesar de que el contribuyente hubiera declarado utilizando los valores publicados por la misma Administración actuante, vulnerando con ello el artículo 134.1 de la Ley 58/2003, Ley General Tributaria. Afortunadamente, el Tribunal Supremo ha puesto fin a esta práctica, con una importante Sentencia de 21 de mayo de 2018, en la que declara que los valores publicados por la Comunidad Autónoma no son exclusivamente internos, sino que vinculan a la Administración.

Otro método de comprobación de valores al que el Tribunal Supremo ha puesto coto es el del artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria, esto es, aquellos casos en los que el valor es comprobado por referencia a los valores catastrales a la fecha de devengo del impuesto, con aplicación de los coeficientes multiplicadores oficialmente publicados por la Administración competente. El Tribunal Supremo, en Sentencia de 23 de mayo de 2018, ha explicado que el valor real es un concepto jurídico indeterminado de imprecisos perfiles, puesto que no se ampara en definición legal alguna; y que esta inexactitud guarda relación con otra noción como es el valor de mercado. Pero que una cosa es que la noción del valor real sea indeterminada, y otra bien distinta que la Administración quede apoderada, por el artículo 57.1.b) LGT, para la sustitución libérrima de la determinación o comprobación del valor real por otro distinto que, en puridad, no lo es -o no necesariamente lo es. El Tribunal Supremo ha insistido en que hay que tener en cuenta, en el establecimiento del valor de cada inmueble, por ejemplo el estado de conservación, las mejoras incorporadas, la posición relativa del inmueble en un edificio o urbanización, etc. y que el acto de de determinación del valor real de los bienes inmuebles comprobados por la Administración ha de ser singularizado, motivado y fruto de un examen del inmueble, normalmente mediante visita al lugar.

Últimamente, también son frecuentes las comprobaciones de valores en las cuales la Administración se basa, exclusivamente, en la valoración efectuada por la entidad bancaria a efectos hipotecarios. En efecto, es práctica frecuente y relativamente reciente que Hacienda envíe una notificación de comprobación de valores por el método de tasación hipotecaria, porque considera que el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas, en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria, puede ser utilizado por ella para comprobar el valor declarado sin ningún tipo de justificación adicional; es decir, que Hacienda puede determinar que el valor a efectos hipotecarios es el valor que constituye la base imponible del impuesto, sin quedar obligada la Administración a justificar este valor. Aunque la Administración se basa en Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 2011, y con ello justifica su actuación, los Tribunales de Justicia ya están estimando las demandas que se presentan en este tipo de asuntos, porque este valor no se ajusta al valor real, que es lo que debe ser la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales.

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